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CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Fallo a favor del cupo laboral para discapacitados
La justicia porteña ratificó un amparo presentado por un discapacitado visual que reclamó el cumplimiento del cupo laboral del 5 por ciento para personas con necesidades especiales en la administración pública comunal.

(INFOCIVICA, 24 de enero del 2005).- La justicia  de la ciudad de Buenos Aires rechazó la apelación realizada por  el Gobierno porteño  y  confirmó un amparo presentado por un ciudadano con discapacidad para que se cumpla el cupo de puestos de trabajo para personas con necesidades especiales en organismos públicos. En su resolución el titular del Juzgado N° 10 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Hugo Ricardo Zuleta, obliga al Gobierno porteño a entregar en el plazo de diez días, la información solicitada por el demandante, en el marco de la ley 104 de Acceso a la Información Pública, sobre los mecanismos de contratación de personal en la administración de la ciudad y el número de empleados existentes, incluyendo el detalle de trabajadores discapacitados que actualmente cumplen funciones. El fallo también ordena al Gobierno comunal a llamar a concurso  para cubrir las vacantes en la administración  pública de la ciudad, limitándolo a personas con necesidades especiales, y a adoptar medidas concretas para acreditar la idoneidad profesional del autor de la demanda a fin de que pueda acceder " de manera urgente" a un puesto en el ámbito del Ejecutivo local.

 

La presentación había sido realizada el 3 de agosto de 2004 por  el contador Fernando Kuzis, quien  padece una disminución total de la vista en su ojo izquierdo desde 1998 y si bien esta discapacidad no le impide realizar sus tareas laborales, desde el año  2002 se encuentra desempleado y en una situación económica precaria. 

 

La demanda se basó en la ley nacional 22.431 y en el articulo 43 de la Constitución de la ciudad , que garantizan un cupo de personal en el sector público para las personas con necesidades especiales y ya contaba con un primer fallo favorable dictado por la justicia porteña durante el mes de noviembre de 2004.

 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había apelado la decisión aduciendo no tener  la posibilidad material de cumplir con la información solicitada. Expresó que el artículo 43 de la Constitución de la ciudad no se hallaba reglamentado y que no se habían determinado los requisitos y condiciones que debía reunir una persona para ser considerada con necesidades especiales, lo que le impedía determinar los cupos y porcentajes de personas con necesidades especiales empleadas por el GCBA.

 

En su reciente resolución, el Dr. Zuleta, en cuanto a la falta de reglamentación, señaló:” Debe tenerse en cuenta que el artículo 10 de la Constitución  de la Ciudad de Buenos Aires establece que rigen todos los derechos, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. Los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por su falta de reglamentación y esta no puede cercenarlos”.

 

“En éste caso se debate un cupo legislado hace mas de veinte años, cuyo ejercicio es pertinazmente conculcado por la inacción de los funcionarios responsables. Todo el marco normativo reseñado, debido a su dilatado proceso de aplicación, ha sido sistemáticamente violado”, agrego el magistrado.

 

Por su parte Santiago Barilá, de la Comisión Pro Bono del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, integrante la Red de Abogados Voluntarios de Poder Ciudadano, y quien patrocinó gratuitamente a Kuzis, calificó de "excelente" el fallo  del juez porque refuta y minimiza  todos los argumentos presentados por el Gobierno local.

 

El letrado consideró que "si la administración municipal interpone un recurso extraordinario,  tendrá que difinir el Tribunal Superior de la Ciudad, pero si queda firme la sentencia, la información solicitada  sería muy útil para todas las personas discapacitadas que están en esta situación"

 

"La integración laboral de las personas con discapacidad se ve obstaculizada debido a que las previsiones legales sancionadas a ese efecto no son tenidas en cuenta por los órganos de aplicación y los argumentos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no logran conmover ni un ápice de la sentencia apelada, por lo que el tribunal resuelve: rechazar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia apelada , señaló el Juez Zuleta en el final de su escrito.

 

En tanto María Julia Pérez Tort, coordinadora del Área de Acción por la Justicia de Poder Ciudadano, resaltó  que "este incumplimiento del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aparentemente, se da también a nivel nacional con respecto a la obligación que tienen los organismos públicos y privatizados de otorgar un pequeño comercio en sus instalaciones a los discapacitados.”

 

Un camino largo y sinuoso

 

Para hacer efectivo el ejercicio de sus derechos, Kuzis le envió el 6 de julio de 2004 una carta documento a Ibarra en la que le pidió un informe sobre los mecanismos de contratación de personal administrativo del Gobierno de la Ciudad, el número de empleados existentes en cada dependencia, la cantidad de trabajadores discapacitados en actividad, el funcionamiento del " registro para personas con discapacidad ",  la cantidad de personas inscriptas en la actualidad, y la existencia de concursos de selección de personal destinados a la incorporación de contadores públicos en la ciudad. Al mismo tiempo, Kusis le pidió al Jefe de Gobierno que le diga cómo podría acceder "de manera urgente a un empleo acorde con su título de Contador Público Nacional, en algunos de los organismos de la ciudad. Pero esa carta documento no tuvo respuesta por parte de Ibarra. Por eso Kuzis se presentó a la Justicia, para reclamar la información solicitada.

 

Recordemos  que la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, estaba obligada por el artículo 8° de la ley  22.431 a ocupar, como mínimo, un cuatro por ciento de personas con discapacidad, desde 1981. Sin embargo recién 1988 se creó el registro donde debían inscribirse los aspirantes a ingresar en la administración. Y aún en la actualidad esta norma no tiene cumplimiento efectivo.

 

Para mayor información, comunicarse con Santiago Barilá al 4321-7544 o con María Julia Pérez Tort , coordinadora del Area de Acción por  la  Justicia  de  Poder  Ciudadano, al 4331-4925 interno 221 o al 155-1207655 o  por  e-mail  a mariajulia@poderciudadano.org

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